Ser inmigrante ilegal en América se convierte en ser criminal

¿Quién es un americano o ciudadano de si país? Tradicionalmente, buscamos a la ciudadanía para responder a esa pregunta, pero el asunto es más complicado que las etiquetas legales. Incluso el Presidente Trump parece reconocer esto en su apertura periódica a la negociación de una reforma migratoria integral.

Entre los 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos hoy en día, el 60 por ciento ha vivido aquí durante una década o más. Muchos han construido profundos lazos familiares y comunitarios, a través de cónyuges, hijos, empleos, casas e hipotecas de ciudadanos estadounidenses. Se han convertido en americanos en todo menos en estatus legal.

La ley actual rara vez concede a los inmigrantes de larga duración el derecho a quedarse, sentenciándolos a una vida de incertidumbre sin libertad condicional. Cualquier parada de tráfico desafortunada o encuentro con funcionarios de las fuerzas de seguridad puede conducir a la deportación sin derecho a regresar. Tal castigo es en muchos sentidos peor que una sentencia de prisión, que al menos da a las personas que violan la ley la oportunidad de volver a su vida anterior.

El primer año de Trump en el cargo sólo ha agravado el problema. Los arrestos de inmigrantes en el interior del país -que no incluye a los de la frontera- han aumentado en un 43 por ciento.

Y si nos vamos a la parte baja del mapa, América del Sur no a estado ajeno a este tipo de experiencias. Venezolanos salen de su país buscando nuevos horizontes de vida, pero tanto como en Perú, Chile, Brasil son reprimidos sin dejarlos entrar  o regresado su país.

Uno podría tratar de justificar este duro trato señalando que estos inmigrantes violaron la ley cuando entraron o permanecieron en el país sin los documentos adecuados y, por lo tanto, deben vivir con el riesgo de ser deportados. Pero, ¿deben estas consecuencias colgar sobre la cabeza de un inmigrante para siempre?

No lo hacen bajo la ley penal. Excepto para los crímenes más atroces, los estatutos de prescripción requieren que el gobierno procese a un delincuente dentro de un cierto período -cinco años para la mayoría de los crímenes federales- o que deje el asunto.

Las demandas civiles, como por ejemplo por responsabilidad extracontractual o por incumplimiento de contrato, deben interponerse en un plazo determinado. Normalmente no toleramos que se exija responsabilidad a las personas por los delitos cometidos hace una década o más, en parte porque reconocemos que las personas deberían poder seguir adelante con sus vidas a pesar de lo que han hecho en el pasado.

Si aceptamos un plazo para que incluso los delincuentes rindan cuentas, ¿por qué no para deportar a los inmigrantes? En algún momento, una persona que entró a los Estados Unidos sin autorización, pero que ha echado raíces reales en el país, debe ser elegible para un camino hacia el estatus legal.

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About the Author: Lic. Jhon Montalvo

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